En Honduras, la función del Congreso se ha desdibujado. Para la mayoría de la ciudadanía, un diputado no legisla: gestiona favores.
Para una parte importante de los hondureños, el trabajo de un diputado no está en el debate de leyes ni en la construcción de políticas públicas. Está en algo más inmediato y tangible: conseguir ayudas, favores y recursos para su comunidad.
El dato es contundente. Según el Termómetro Electoral del Instituto de la Justicia, el 67 % de los encuestados considera que la función principal de un diputado es gestionar ayuda para las personas de su departamento, mientras solo el 24 % cree que su labor central es crear leyes.
La percepción de un diputado que no nació de la nada
Esta visión no surgió por error ni por desinformación aislada. Es el resultado de años de prácticas políticas que sustituyeron la representación por el favor, y la legislación por la gestión de recursos con fines electorales.
Durante campañas y periodos legislativos, muchos diputados reforzaron esa idea: entregan bolsas solidarias, prometen empleos, financian arreglos comunitarios o intermedian ayudas estatales.
El mensaje es claro: el diputado sirve si “resuelve”, no si legisla.
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Clientelismo que deforma la democracia
El mismo estudio revela que un 12 % de los hondureños admitió que a ellos o a un familiar les ofrecieron beneficios a cambio del voto, y que el 70 % cree que la mayoría de las personas acepta estos ofrecimientos, ya sea votando o no por el candidato que los entrega.
Este contexto ayuda a entender por qué la ciudadanía asocia al diputado con la ayuda directa.
Por eso no lo asocian con la creación de leyes: la política se convirtió en una transacción, no en un ejercicio de representación.
Cuando el favor sustituye al derecho
El problema no es solo de percepción, sino de consecuencias. Cuando un ciudadano cree que su diputado debe “ayudarle”, deja de verse como titular de derechos y pasa a depender del favor político.
Así, la ley pierde valor y la institucionalidad se debilita. Paradójicamente, la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo establecen con claridad que la función de los diputados es legislar y fiscalizar.
Sin embargo, en la práctica, muchos extralimitan sus funciones, manejan fondos y programas que abrieron la puerta a abusos y corrupción.
El costo invisible de un Congreso asistencialista
Esta distorsión tiene un costo alto:
- Se debilita la rendición de cuentas.
- Se normaliza el uso político de recursos públicos.
- Se empobrece el debate legislativo.
Cuando el Congreso Nacional deja de ser un espacio de leyes y se convierte en una ventanilla de favores, la democracia se vacía de contenido.
Aunque esta percepción sigue siendo mayoritaria, el informe también revela señales de cambio, especialmente entre los jóvenes, que valoran más las propuestas y las ideas que los favores.
Es una grieta pequeña, pero significativa, en un modelo político que durante años se sostuvo sobre el clientelismo.
Que muchos hondureños crean que un diputado reparte ayudas y no hace leyes no es un error ciudadano: es el reflejo de una práctica política que se repitió durante años.
Corregirla no depende del votante, sino de una clase política dispuesta a devolverle al Congreso su verdadero sentido. Porque mientras legislar siga siendo secundario, la democracia seguirá pagando la factura.
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