La organización pidió una vigilancia estricta del proceso y exhortó a las autoridades hondureñas a garantizar condiciones que permitan elecciones libres, justas y transparentes.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó que las crecientes presiones políticas sobre las autoridades electorales en Honduras representan una seria amenaza para el derecho de la población a participar en elecciones libres y justas, de cara a los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025.
Según HRW, el ambiente político se ha deteriorado aceleradamente en las últimas semanas, debido a investigaciones penales, disputas internas en los órganos electorales, acusaciones de fraude y actuaciones cuestionadas de las Fuerzas Armadas, factores que comprometen la credibilidad del proceso.
“Las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del CNE, ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La organización pidió una vigilancia estricta del proceso y exhortó a las autoridades hondureñas a garantizar condiciones que permitan elecciones libres, justas y transparentes, en un contexto marcado por la desconfianza, la polarización y las crecientes tensiones institucionales.
Investigaciones y tensiones dentro de los órganos electorales
El Ministerio Público abrió recientemente procesos penales contra altas autoridades electorales.
El 29 de octubre, el fiscal general Johel Zelaya anunció una investigación contra la consejera del CNE por el Partido Nacional, Cossette López, acusada de intentar manipular resultados electorales basándose en audios que ella asegura fueron alterados. La presidenta Xiomara Castro calificó esos audios como parte de una “conspiración criminal para provocar un Golpe Electoral”.
El 10 de noviembre, fiscales también investigaron a dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por aprobar una resolución sin la participación de los tres miembros del órgano.
La crisis institucional se agrava por los constantes enfrentamientos entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en varias ocasiones han retrasado la adjudicación de contratos esenciales para la logística de los comicios.
Incluso, tras un simulacro del sistema de transmisión de resultados el 9 de noviembre, el consejero Marlon Ochoa aseguró que la prueba había fracasado y denunciado “una conspiración contra el proceso electoral desde el propio seno del órgano electoral”.
Intervenciones cuestionadas de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas también han entrado en el debate. Su jefe del Estado Mayor pidió al CNE una copia del acta de cierre de la elección presidencial antes del conteo oficial, solicitud rechazada por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien recordó que la Constitución no otorga a los militares facultades para revisar o transmitir resultados.
Posteriormente, el 20 de noviembre, los militares presentaron una denuncia penal por difamación contra la consejera López, lo que incrementó aún más la tensión institucional.
Misiones internacionales piden independencia y menos presión política
Human Rights Watch insistió en que las misiones de observación electoral nacionales e internacionales serán cruciales para mantener la confianza en el proceso.
La OEA manifestó preocupación por las “acciones y declaraciones diarias” que generan incertidumbre, advirtiendo sobre una “excesiva intervención judicial” en la organización de los comicios.
Por su parte, la Unión Europea, que también envió una misión de observación, expresó el 18 de noviembre su inquietud por desarrollos que podrían “socavar las instituciones electorales”, haciendo un llamado a las autoridades y partidos políticos a garantizar la independencia y transparencia de los órganos electorales.