La búsqueda recae en las familias organizadas en comités que, con recursos propios y apoyo internacional, documentan cientos de casos ignorados por las autoridades.
Desde Yoro hasta Tegucigalpa, son las familias las que asumen la tarea que el Estado hondureño no ha querido o no ha sabido cumplir: registrar y buscar a sus migrantes desaparecidos, dicen organizaciones.
A la fecha, existen siete comités de familiares de migrantes desaparecidos: COFAMIPRO (Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Yoro).
Además de, COFAMIGUA (Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de La Guadalupe, de Cedros, Francisco Morazán, AHFAMIDEAF (Asociación de Migrantes Desaparecidos) y AFAMIDEH (Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos), que documentan 887 casos, según los datos hasta febrero de 2025.
El (COFAMIPRO) concentra el 71.5 % de esos casos. Son 634 personas que partieron buscando trabajo y desaparecieron sin dejar rastro.
Le sigue COFAMIGUA, de La Guadalupe, con 135 reportes, y AHFAMIDEAF, con 98.
Detrás de cada número hay un rostro, una madre que no se resigna, una familia que busca entre papeles, morgues y desiertos.
Son ellas quienes tejen redes de apoyo, cruzan información, recolectan ADN y documentan casos, porque el Estado hondureño no tiene una base oficial ni una política pública de búsqueda de migrantes desaparecidos.
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Una ley que protege, pero no busca a los migrantes desaparecidos
La Ley de Protección del Hondureño Migrante y sus Familias, vigente desde 2013 y reformada en 2024, establece normas para asistencia, repatriación y reinserción social de migrantes retornados.
Pero no contempla mecanismos de búsqueda ni protocolos para localizar desaparecidos.
La Dirección de Protección al Hondureño Migrante, dependiente de la Cancillería, recibe reportes de desapariciones, pero solo los reenvía a los consulados, sin promover investigaciones formales ante las autoridades del país donde ocurrió el hecho, denuncian las organizaciones.
Esto convierte el proceso en un trámite burocrático sin resultados concretos. “El Estado responde con papeles, no con búsqueda”, lamentan desde los comités.
Sin embargo, en mayo de 2024, la cancillería de Honduras anunció el lanzamiento del primer Protocolo de Búsqueda de Personas Migrantes desaparecidas, como parte de un esfuerzo para abordar la problemática de la migración forzada.
El protocolo no incluye a las familias
El Protocolo, elaborado con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, no incorpora, según los comités, la participación de las familias ni la articulación con mecanismos forenses internacionales.
“No contempla a los bancos de ADN regionales o la Comisión Forense que ha trabajado en México”, dice una de las directivas de Cofamipro.
Además, aseguran que no se sometió a consulta abierta ni tiene carácter público, por lo que se desconoce su alcance real.
Las organizaciones que acompañan a las familias aseguran que se trata de un protocolo “para uso interno”, sin efectos reales sobre los casos.
El banco de ADN: una esperanza amenazada
En paralelo, Honduras cuenta con un Banco de Datos de Migrantes No Localizados, creado en 2012 con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Cruz Roja Internacional y organizaciones locales.
Hasta febrero de 2025, el banco documentó 814 casos y 1,872 perfiles genéticos de familias hondureñas, logrando identificar 85 cuerpos.
Pero el futuro de esta herramienta está en riesgo: en 2023 se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN, que transfiere la administración total del sistema al Ministerio Público.
Ellos lamentan esa decisión porque dicen que no se incluyó a las familias ni respetó los protocolos construidos durante más de una década.
Organizaciones temen que el cambio genere opacidad y pérdida de información, afectando la confianza de las familias que aportaron muestras genéticas con la esperanza de hallar a sus seres queridos.
Sin cooperación ni justicia transnacional
México, donde se concentra la mayoría de los casos, cuenta desde 2015 con el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), que permite a los familiares presentar denuncias desde sus países de origen.
Hasta ahora, los comités hondureños interpusieron 50 denuncias por esta vía, pero ninguna autoridad hondureña dio seguimiento ni colaboró con las autoridades mexicanas, pese a los llamados de la sociedad civil.
La falta de articulación regional deja en el abandono a cientos de familias. “El camino no termina en la frontera; termina en la indiferencia”, dijo una representante de las familias de migrantes.
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Migrantes desaparecidos: el costo humano de la omisión
Mientras los gobiernos discuten competencias y leyes, las familias siguen buscando. Viajan a México cada año, recorren morgues y desiertos, sostienen vigilias con fotos y nombres escritos a mano.
Son madres que dejaron de esperar noticias del Estado y decidieron crear sus propios mecanismos de verdad.
Los comités no solo documentan desapariciones: también ofrecen apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y esperanza.
Sin ellos, los migrantes desaparecidos serían solo sombras en los registros consulares. Honduras sigue sin saber cuántos de sus hijos se perdieron en el camino.
Y aunque las cifras oficiales no existan, las familias lo tienen claro: cada número representa una vida que aún esperan abrazar.