El Cohep expresó su preocupación por siete cadenas nacionales ordenadas por el CN, al advertir perjuicios económicos y falta de interés público real.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) remitió este miércoles una carta formal al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Lorenzo Sauceda Cálix, para expresar su “profunda preocupación” ante la reiterada utilización de cadenas nacionales solicitadas por el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo.
De acuerdo con el documento, a la fecha se han transmitido siete cadenas nacionales vinculadas al decreto legislativo 58-2025, una situación que —según la iniciativa privada— ha generado inquietud por el uso repetitivo de este mecanismo sin que exista información nueva o de interés nacional que justifique la interrupción obligatoria de la programación regular de radio y televisión.
La misiva, firmada por Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, reconoce que tanto la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (Decreto 185-95) como su reglamento facultan a Conatel para ordenar transmisiones obligatorias cuando se trate de asuntos de interés nacional o seguridad.
Sin embargo, el sector privado considera que el contenido de las recientes cadenas no cumple con ese criterio.
“El uso reiterado de cadenas nacionales para reproducir mensajes que no aportan información sustancial genera un perjuicio directo y oneroso para las empresas de comunicación, cuyo principal activo es el tiempo de transmisión”, señala el documento enviado al ente regulador.
Pérdidas económicas
El Cohep advierte que la interrupción constante de la programación afecta compromisos contractuales previamente adquiridos con anunciantes, lo que se traduce en pérdidas económicas significativas para los medios de comunicación, tanto televisivos como radiales.
Además, subraya que la obligatoriedad de transmitir estos mensajes, bajo amenaza de sanciones administrativas, coloca a las empresas en una posición de vulnerabilidad financiera.
“La imposición de estos espacios sin compensación alguna debilita la sostenibilidad económica de los medios y genera un impacto negativo en la libertad de empresa”, agrega la carta, en la que se insta a las autoridades a ponderar el efecto de estas decisiones en un sector que ya enfrenta múltiples retos económicos y tecnológicos.
En ese contexto, la organización empresarial planteó que, si el Congreso Nacional desea comunicar sus posturas o informar sobre su trabajo legislativo, cuenta con plataformas institucionales propias, como el Canal 20 del Congreso Nacional y el Canal 8 del Gobierno, que pueden ser utilizadas sin afectar la operación de los medios privados.
“Como sector privado, instamos a Conatel a reconsiderar la frecuencia de estas convocatorias y a buscar mecanismos alternativos de comunicación que no lesionen la operatividad de las empresas de comunicación, garantizando el respeto a la libertad de empresa y la sostenibilidad del sector”, puntualiza el Cohep en su pronunciamiento.
Convocatorias recientes
Las reacciones del empresariado se producen luego de que Conatel, por instrucciones directas del Congreso Nacional, ordenara a todos los operadores del país integrarse a una cadena nacional para transmitir un mensaje del presidente del Legislativo.
La primera emisión se realizó el martes 13 de enero de 2026 al mediodía, con repeticiones a las 7:00 y 9:00 de la noche. Para el miércoles 14 de enero se programaron cuatro retransmisiones adicionales, a las 7:00 de la mañana, 12:00 meridiano, 7:00 y 9:00 de la noche, utilizando como estaciones piloto Canal 8 (TNH) y HRN.
Este uso reiterado de cadenas nacionales no es un hecho aislado. En años recientes, distintos sectores han cuestionado la utilización de este recurso para exponer posturas personales o institucionales que no responden a situaciones de emergencia o seguridad nacional.
Un antecedente citado con frecuencia ocurrió en octubre de 2024, cuando el fiscal general, Johel Zelaya, fue objeto de fuertes críticas tras utilizar una cadena nacional para referirse a un proceso judicial en curso contra el ahora presidente electo, Nasry Asfura.
En aquella ocasión, diversos juristas y analistas señalaron que el uso de una cadena nacional para exponer detalles de una causa penal vulneraba principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, al considerar inapropiado que desde una plataforma obligatoria se señalara públicamente a una persona antes de una resolución judicial firme.
