El estudio señala que la sextorsión sigue oculta en Honduras, hay temor a denunciar y falta de reconocimiento como delito de corrupción.
Diecisiete casos de sextorsión. Ese es el número que aparece en el papel. El dato, frío y preciso, surge del Observatorio Regional de Corrupción Sexual presentado por la organización Poder Ciudadano.
Pero detrás de esa cifra hay una advertencia que pesa más que el número mismo: la sextorsión en Honduras no se ve, no se nombra lo suficiente y, muchas veces, ni siquiera se denuncia.
Entre 2019 y 2025, esos 17 casos lograron salir a la luz en un país donde el silencio suele imponerse.
En contraste, a nivel regional se documentaron 474 registros, 418 incluidos en el análisis final, con países como Argentina, Colombia y Perú reportando más casos.
Honduras aparece abajo en la lista, pero el informe deja claro que esa posición no implica menor incidencia, sino posibles vacíos en el registro.
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Sextorsión en Honduras: un delito invisibilizado
La investigación apunta directo a los obstáculos: poca cobertura mediática, miedo a represalias y condiciones inseguras para denunciar.
Ese triángulo termina cerrando cualquier posibilidad de que muchas víctimas den el paso. Los datos regionales muestran un patrón contundente.
El 100 % de las víctimas identificadas son mujeres. El 100 % de los agresores, hombres. No hay matices en esa estadística y tampoco en las formas en que se ejerce el abuso.
Comentarios sexuales inapropiados, invitaciones con doble intención, solicitudes de encuentros y, en su forma más directa, exigencias de relaciones sexuales a cambio de beneficios o trámites.
En todos los casos analizados, estas prácticas se repiten como una constante, revelando que no se trata de hechos aislados, sino de conductas estructurales.
A eso se suma el tipo de violencia: 45 % psicológica, 45 % sexual y un 11 % económica o patrimonial. Tres dimensiones que se entrelazan y refuerzan el control sobre las víctimas.
Cuando el abuso no se nombra como corrupción
Uno de los puntos más críticos del informe es cómo se aborda, o más bien, cómo no se aborda la sextorsión.
En muchos casos, las investigaciones la reducen a violencia sexual o abuso de autoridad, dejando de lado su raíz: el uso del poder para obtener beneficios sexuales.
Ese vacío no es menor cuando no se reconoce como corrupción, el problema pierde peso institucional y queda fragmentado en otras categorías que no capturan su complejidad.
“El resultado es una forma de violencia que se diluye entre tipificaciones legales, mientras el abuso de poder permanece intacto”, dice el informe.
Las víctimas que no entran en las estadísticas
El informe también advierte sobre otro silencio: el de las poblaciones vulnerables que ni siquiera aparecen en los registros.
Personas trans, por ejemplo, cuyos testimonios circulan en espacios comunitarios, pero rara vez llegan a los medios o a las bases de datos oficiales.
No es que no existan los casos, es que no logran cruzar el umbral de lo visible.
Denunciar no siempre es una opción real
Aunque el 100 % de los casos incluidos en la base regional fueron denunciados, la realidad en Honduras apunta a un subregistro significativo.
Muchos hechos no se formalizan, otros no trascienden, y algunos se quedan atrapados en el miedo.
Denunciar implica exponerse y en contextos donde el agresor tiene poder institucional, laboral o social, esa decisión puede significar más riesgo que protección.
El informe no se queda en los datos. Plantea una urgencia: fortalecer los mecanismos de denuncia, mejorar la cobertura mediática y construir respuestas institucionales que no ignoren este tipo de prácticas.
Porque mientras la sextorsión siga escondida entre el miedo y la indiferencia, seguirá ocurriendo en silencio.
Y ese es el punto más incómodo de todos: lo que no se ve, no se combate. Pero tampoco deja de existir.
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