Un acuerdo limita embargos al 30%, pero el daño ya dejó Alcaldías paralizadas. Desde la Amhon plantean revisar caso por caso.
En cuestión de semanas, alrededor de 30 Alcaldías vieron cómo sus transferencias quedaban completamente embargadas, dejándolas sin margen para operar, sin liquidez para pagar salarios, sin capacidad para sostener lo más básico. Fue un golpe directo a la caja chica de los municipios.
Juan Carlos Molina, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), lo explica: “Los embargos totales no solo frenaron cuentas, frenaron la gestión local”.
Porque cuando una Alcaldía no puede pagar planillas, tampoco puede recoger basura, reparar calles o sostener programas sociales. La crisis no se queda en el escritorio, se siente en la calle.
Algunas corporaciones municipales pasaron semanas completas sin fondos, obligadas a recortar gastos y aplazar compromisos con sus comunidades. Sus cuentas están congeladas, pero sus decisiones son urgentes y sus proyectos detenidos.
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Embargos a Alcaldías en Honduras: crisis financiera y respuesta legal
El origen no es nuevo. Los embargos responden a demandas y procesos judiciales acumulados, decisiones que llegaron a ejecutarse sin considerar, según Molina, el impacto inmediato sobre la operatividad municipal.
Fue entonces cuando el problema dejó de ser legal y se convirtió en un tema de gobernabilidad.
Ante ese escenario, el Congreso Nacional aprobó un decreto que intenta poner un límite: los embargos ya no podrán superar el 30 % de las transferencias estatales que reciben las alcaldías.
La medida busca devolverles un mínimo de oxígeno financiero, un margen que les permita seguir funcionando sin colapsar.
Daño a las finanzas municipales
Pero el ajuste llega después del golpe. El daño ya se instaló en municipios que vieron interrumpidos servicios esenciales y retrasados proyectos comunitarios.
Por eso, desde la Amhon plantean revisar caso por caso junto con el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República, para determinar si algunos embargos deben suspenderse o ajustarse.
Lo que queda al descubierto no es solo una disputa judicial o administrativa. Es una fragilidad estructural. Las alcaldías dependen, en gran medida, de las transferencias del Estado, y cuando ese flujo se detiene, todo se tambalea.
Las demandas y embargos
“En efecto, son más de 76 municipios del país que están con los problemas de demanda y embargos. Es una situación muy difícil. Son municipios, la gran mayoría, categoría C y D, cuyo ingreso, su mayor ingreso son las transferencias que el gobierno central les envía”, explicó Nahúm Cálix.
Municipios como El Triunfo (Choluteca), Guata (Olancho), Tocoa (Colón), Choluteca, La Ceiba y La Paz están entre los afectados.
Porque en Honduras, la crisis municipal no se mide en cifras. Se mide en calles sin reparar, en servicios que no llegan, en comunidades que esperan.
Y cuando una alcaldía se queda sin fondos, no es la institución la que se detiene: es la vida cotidiana de la gente la que entra en pausa.
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