El caso queda ahora en manos de la Sala de lo Constitucional, que deberá decidir si admite o no la acción presentada.
Este jueves, un grupo de diputadas del Congreso Nacional interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad solicitando la expulsión del ordenamiento jurídico de la resolución que creó y puso en funcionamiento la Comisión Permanente autonombrada por el titular de ese Poder del Estado, Luis Redondo.
La Comisión Permanente fue aprobada mediante la Resolución 001-2025-CP/CN y publicada en el diario oficial La Gaceta el 31 de octubre de 2025.
Las congresistas Merary Elena Díaz Molina, Francis Yolanda Argeñal Echenique y María Antonieta Mejía Sánchez argumentan en el escrito que dicha resolución es inconstitucional por razón de contenido y forma, al no haber sido sometida a la jurisdicción correspondiente y por presuntamente violentar el sistema democrático, representativo y republicano establecido en la Constitución.
El recurso solicita además que se dicten medidas cautelares y que se suspenda el acto reclamado, lo que implicaría frenar el funcionamiento de la Comisión Permanente mientras se resuelve el caso.
El documento también cuestiona la designación e instalación de la Comisión, integrada por siete miembros propietarios, al considerar que contravino el Reglamento Interno del Congreso Nacional.
Poder Judicial debe resolver pronto el recurso
El analista político Fernando Anduray destacó que el recurso está bien fundamentado y señala puntualmente los artículos constitucionales y de la legislación secundaria presuntamente vulnerados.
“Este es un asunto de interés nacional que el Poder Judicial debe conocer esta misma semana, y si es posible, emitir la resolución”, refirió Anduray.
Agregó que, en caso de admitirse el recurso, este debería venir acompañado de la suspensión del acto reclamado.
“Si admiten el recurso, que ha de ser con suspensión, se suspendería el funcionamiento de la Comisión Permanente por decisión de la Corte Suprema”, explicó.
El caso queda ahora en manos de la Sala de lo Constitucional, que deberá decidir si admite o no la acción presentada.