El caso “Tubería de Cobre” convirtió contratos inflados, obras fantasmas y lavado de activos en uno de los desfalcos más ofensivos contra el IHSS.
El nombre suena técnico, casi inofensivo: “Tubería de Cobre“. Pero detrás de esa etiqueta se esconde uno de los episodios más indignantes del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Esta semana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio un cierre judicial al confirmar la condena contra quienes transformaron un contrato de construcción en una máquina de drenaje de fondos públicos.
La resolución no solo respalda al Ministerio Público, también reafirma cómo la corrupción -cuando se combina con poder, documentos y sellos oficiales-, puede disfrazarse de obra pública para perforar las finanzas de una institución que debería proteger vidas, no perderlas en cuentas privadas.
El mecanismo del fraude en el IHSS: una obra que nunca llegó
Las investigaciones muestran que todo comenzó con la Constructora JC Maradiaga, utilizada como fachada para inflar precios y justificar compras que jamás se completarían.
Los exfuncionarios Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio tenían acceso, firmas y poder para convertir un contrato en un agujero negro por donde desaparecieron más de 62 millones de lempiras.
Juan Carlos Maradiaga Ortiz, desde la constructora, sobrevaloró materiales de construcción y suministros de cobre.
Los documentos decían que la obra avanzaba; la realidad decía lo contrario: nada se construyó, nada se instaló, nada se entregó.
El engaño no terminó ahí. También se detectó un contrato para adquirir una bomba de vacío cuyo precio declarado no tenía ninguna relación con su valor real. Sobreprecio tras sobreprecio, la estructura perfeccionaba la estafa.
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El rastro del dinero: cheques, transferencias y empresas satélite
Una vez que el IHSS depositó fondos en las cuentas de la constructora, ocurría lo predecible: el dinero salía de inmediato.
Cheques y transferencias terminaron en empresas ligadas a Zelaya, Bertetty y otros involucrados, moviendo los fondos en círculos diseñados para ocultar su origen.
Ese patrón de dispersión fue clave para que el Ministerio Público acreditara el lavado de activos.
No era improvisación: era un sistema planificado donde cada firma y cada depósito respondían a un propósito.
Una resolución que no borra el daño, pero sí marca un precedente
Al final la Corte ratificó la culpabilidad de Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos, mientras que Juan Carlos Maradiaga Ortiz fue sentenciado por lavado de activos.
La Sala Penal dejó claro que las maniobras, las apelaciones y las defensas no lograron desmontar las pruebas. El fallo queda firme. Los responsables, condenados.
No es justicia plena, porque el daño al IHSS y a miles de hondureños nunca podrá medirse solo en cifras.
Pero si deja un mensaje: incluso las redes mejor tejidas también pueden romperse cuando el Estado decide seguir el hilo hasta el final.
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