La justicia de Estados Unidos impondrá sentencia a Carl Alan Zaglin el próximo 2 de diciembre, tras ser hallado culpable de pagar y lavar sobornos.
El 2 de diciembre de 2025, el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin conocerá la condena que enfrentará por pagar sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras. La jueza Jacqueline Becerra fijó la audiencia de sentencia para las 3:00 p. m., tras un juicio donde el jurado determinó que Zaglin violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y lavó dinero para ocultar pagos ilegales relacionados con contratos de uniformes policiales hondureños.
Los documentos judiciales muestran que Honduras no solo fue el escenario del delito: fue el corazón de un esquema que durante años permitió convertir contratos públicos en oportunidades para la corrupción.
Los delitos que llevaron a Carl Zaglin a su sentencia por sobornos
El expediente del caso detalla que Zaglin lo declararon culpable de Violación de la FCPA.
Zaglin realizó pagos sabiendo que “todo o parte del dinero” sería entregado a funcionarios hondureños, un requisito clave para tipificar un delito bajo la FCPA.
Conspiración para violar la FCPA: el jurado determinó que el esquema se planeó, organizó y ejecutó mediante canales financieros y empresas fachada creadas para ocultar el verdadero destino de los fondos.
Conspiración para lavado de dinero: Zaglin utilizó compañías en Miami y Honduras para mover dinero ilícito disfrazado como “pagos de corretaje”, ocultando la naturaleza de los sobornos.
La fiscalía sostiene que Zaglin lideró un esquema continuado durante cinco años, lo que agrava su responsabilidad penal.
Según su análisis, el nivel final de ofensa debería ubicarlo en un rango de 292 a 365 meses de prisión, (entre 24 a 30 años de prisión).
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Cómo Honduras se convirtió en el centro del esquema de sobornos
Los fiscales federales fueron claros: sin Honduras no habría existido el esquema de Zaglin.
Contratos inflados y pagos encubiertos
Los sobornos tenían un objetivo preciso: asegurar contratos de uniformes para las fuerzas de seguridad hondureñas. Para ello:
- Se enviaron $2,456,131.39 a la empresa de Marcelo Marchena, quien admitió que no prestó servicio alguno, solo recibió dinero “para hacer pagos”.
- Zaglin transfirió personalmente $39,406.70 a la empresa de Luis Berkman, International Defense Group, sabiendo que serían entregados como sobornos a Francisco Cosenza Centeno, un alto funcionario hondureño.
- En 2019, los conspiradores acordaron pagar 20% del valor del contrato, equivalente a $1,507,179.70, a funcionarios hondureños para asegurar la adjudicación.
En total, el esquema involucró $4,002,717.79 en “valor del pago”, según la fiscalía.
La participación de funcionarios hondureños
El expediente menciona repetidamente el nombre de Francisco Cosenza Centeno y de Juan Ramón Molina, quienes habrían recibido pagos en efectivo que eran canalizados desde Miami.
Además, los conspiradores planearon utilizar al hijo abogado del funcionario para legitimar el movimiento del 20% del contrato de 2019.
Estas maniobras, documentadas en grabaciones, correos electrónicos, facturas falsas y contratos simulados, convierten a Honduras en una pieza central del caso.
Empresas fachada y lavado desde Miami hacia Honduras
El documento detalla un sistema de lavado diseñado para evitar sospechas:
- Atlanco, empresa de Zaglin, generaba facturas falsas por “servicios de corretaje”.
- Las empresas fachada —Achieve GEA e International Defense Group— recibían los fondos.
- En Honduras, el dinero se entregaba en sobres y pagos en efectivo.
- Para el contrato de 2019, planearon que el hijo de un funcionario hondureño sirviera como “representante legal”, dando apariencia de legalidad a los pagos.
Los fiscales enfatizan que estos pagos nunca fueron costos reales para cumplir contratos; fueron exclusivamente sobornos.
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Lo que ocurrirá el 2 de diciembre
La jueza Jacqueline Becerra dictará sentencia el 2 de diciembre de 2025, a las 3:00 p.m., en la sala 11-4 del Wilkie D. Ferguson Courthouse en Miami.
La pena podría ser una de las más altas impuestas en un caso relacionado con sobornos a funcionarios hondureños.
La fiscalía insiste en que la conducta de Zaglin fue especialmente grave porque:
- Tenía una empresa exitosa y bien posicionada.
- Utilizó su posición para dirigir un esquema criminal.
- Afectó a competidores que actuaban legalmente.
- Corrompió procesos públicos en Honduras.
- Degradó el sistema bancario estadounidense a través del lavado de dinero.
- Y llevó a Atlanco, su propia empresa, al cierre definitivo por sus decisiones.
El 2 de diciembre, el caso de Carl Zaglin culminará en una sentencia que marcará un precedente para Honduras y Estados Unidos.
El expediente probó que los sobornos no fueron incidentales: fueron parte estructural de una relación corrupta que se extendió por años entre empresarios estadounidenses y funcionarios hondureños.
Una condena que no solo definirá el futuro de Zaglin, sino que vuelve a exhibir la fragilidad institucional que permitió que contratos públicos en Honduras se negociaran a cambio de comisiones clandestinas.