El Conadeh instó al Estado a adoptar un discurso respetuoso, evitar estigmas contra la prensa y asegurar condiciones seguras durante la cobertura electoral.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) lanzó el jueves un llamado a funcionarios públicos y altos mandos militares a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen o generen riesgos contra periodistas y medios de comunicación, en un contexto marcado por un creciente clima de hostigamiento hacia la prensa hondureña en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre.
En un comunicado, la titular del organismo, Blanca Izaguirre, recordó que la libertad de pensamiento y expresión es “la piedra angular de toda sociedad democrática” y advirtió que el Estado no solo debe reconocer este derecho, sino también prevenir violaciones, garantizar condiciones de seguridad y respetar la reserva de las fuentes informativas.
El Conadeh expresó preocupación por el aumento de amenazas, intimidaciones, campañas de desprestigio, acoso judicial, violencia digital y presiones ejercidas incluso desde instituciones estatales y altos mandos militares.
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Entre los hechos que alertaron a la institución, destacó solicitudes del Ministerio Público para obligar a medios –incluyendo plataformas digitales– a revelar fuentes de investigación, pese a que dicha obligación recae únicamente sobre funcionarios públicos.
Un clima de tensión marcado por ataques desde las Fuerzas Armadas
El posicionamiento del Conadeh llega días después de una serie de señalamientos del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, quien acusó al empresario y periodista Jorge Canahuati y al Grupo OPSA de liderar una presunta “campaña mediática” disfrazada de cobertura periodística.
Hernández insinuó incluso la existencia de un entramado donde “actores públicos y privados se confunden con estructuras de crimen organizado”, declaraciones que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como “una forma de presión y descrédito” contra la prensa independiente.
La SIP, junto a organizaciones internacionales de libertad de expresión, ha advertido sobre un patrón de intimidación institucional que incluye acusaciones públicas, acoso judicial, vigilancia digital y amenazas para revelar fuentes, prácticas que contradicen estándares internacionales y la propia Constitución hondureña.
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En febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron acciones judiciales contra al menos 12 medios, y en mayo uno de sus órganos oficiales calificó a periodistas como “sicarios de la verdad”, episodios que provocaron condenas de gremios nacionales e internacionales.
La Misión Internacional de Libertad de Expresión documentó un “entorno hostil e incompatible con la democracia” y advirtió que la falta de garantías podría afectar la cobertura del proceso electoral.
Gremios piden frenar agresiones y evitar impacto en las elecciones
La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) también ha condenado las ofensivas provenientes de las Fuerzas Armadas, calificándolas como “un agravio y un mensaje peligroso para toda la prensa”.
La organización pidió al general Hernández “guardar la espada de la confrontación” y alertó a la comunidad internacional sobre una escalada de presiones contra periodistas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, ya había ordenado al alto mando militar abstenerse de emitir declaraciones de índole política o electoral, recordando que la institución castrense debe actuar bajo su coordinación durante el proceso electoral.
Conadeh: funcionarios deben tolerar más crítica, no alimentarla
En su pronunciamiento, el Conadeh recordó que, según el derecho internacional, los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio y deben tener una tolerancia más amplia frente a la crítica, incluso cuando esta pueda resultar “dura, severa o incómoda”.
Asimismo, instó a las instituciones del Estado a adoptar un discurso respetuoso de los derechos humanos, abstenerse de estigmatizar a la prensa y garantizar condiciones seguras para la cobertura de las elecciones generales.
Finalmente, el organismo reiteró que la defensa del periodismo independiente es clave para la transparencia del proceso electoral y para la legitimidad democrática del país.
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