Aunque los homicidios bajaron, nuevas dinámicas criminales transforman la geografía de la violencia: menos disparos en las ciudades, más coca en el campo.
La administración de Xiomara Castro dejará un dato inédito: la tasa de homicidios más baja en tres décadas, con 26 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2024. Pero, en un país donde siete de cada diez personas cree que la violencia aumentó, la estadística no cuenta la historia completa.
El informe de Armed Conflict Location & Even Data (ACLED), organizacioón independiente que recopila, analiza y mapea datos a nivel mundial, muestra que la criminalidad en Honduras no desapareció: se transformó.
Violencia en Honduras: un descenso que no se siente
Durante los primeros tres años y diez meses de gobierno, la violencia vinculada al crimen organizado cayó un 27 %, en comparación con el mismo periodo de Juan Orlando Hernández.
Pero esa disminución no convenció a los hondureños. Según una encuesta de inicios de 2025, una cuarta parte del país sigue considerando la inseguridad como su principal preocupación.
ACLED explica por qué: “La violencia bajó en las ciudades, pero creció en los departamentos rurales, donde el crimen organizado avanza silenciosamente”.
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El estado de excepción: más militares, menos balaceras
Lo que comenzó como una estrategia temporal se convirtió en la norma: el estado de excepción se renovó 24 veces, abarcando ya 226 de los 298 municipios del país.
La lógica oficial: más patrullaje, más detenciones, más presencia. La realidad: menos enfrentamientos, pero las pandillas siguen allí, intactas en su control territorial.
Incluso tras la masacre de Támara en 2023, la respuesta fue aumentar el peso militar y devolverles el control penitenciario.
Pese al vaivén institucional, la violencia en cárceles cayó a mínimos históricos en 2024. Pero la reducción no provino únicamente del Estado.
Pandillas en Honduras: adaptarse para sobrevivir
Las pandillas no retrocedieron: cambiaron de táctica. Para evitar redadas, optaron por la violencia selectiva, menos vistosa.
Eso implicó más desapariciones y menos homicidios. Solo en 2024 se registraron 1,523 desapariciones, frente a 1,230 del año anterior.
Y ACLED advierte que la mayoría ni siquiera se denuncia por miedo o desconfianza en las autoridades.
Un pastor que trabaja en zonas dominadas por maras lo resume así: “Las únicas personas que se atreven a denunciar son las que ya están saliendo del país”.
Además, la MS-13 expandió su control en Tegucigalpa y San Pedro Sula, priorizando el narcotráfico sobre la extorsión.
Esa transición redujo ataques visibles como los cometidos contra transportistas, que bajaron un 37 % frente al periodo de Hernández.
El reacomodo criminal: menos rivales, más poder
El crecimiento de la MS-13 implicó otra consecuencia: absorber o eliminar grupos más pequeños, en ocasiones, según expertos, con cierto nivel de complicidad de agentes estatales.
Esto debilitó profundamente a su rival, la Pandilla 18, que perdió territorio clave en zonas como Chamelecón. El mapa criminal en las ciudades se redujo, pero no desapareció.
Crimen organizado en el campo: el verdadero desafío
Mientras las ciudades respiran, el campo se ahoga. Departamentos rurales como Colón y Olancho registraron aumentos de violencia del 27 % y 44 %, respectivamente.
Allí, el crimen organizado opera con más libertad: cultivos ilícitos, pistas clandestinas, milicias privadas y un creciente negocio agroindustrial vinculado a grupos criminales.
Honduras pasó de ser un país de paso… a uno donde se produce cocaína.
Cocaína en Honduras: de tránsito a productor
Desde 2017, los cultivos de hoja de coca aparecieron en Centroamérica. Pero fue en el gobierno de Castro donde se consolidaron:
ACLED registra 223 decomisos de cultivos de coca, cinco veces más que en todo el segundo mandato de Hernández.
La mayoría en Colón, Olancho, Atlántida y Yoro. Y lo más grave: investigadores estiman que el ejército apenas encuentra el 5 % de los cultivos reales.
El crimen se mueve silenciosamente en zonas remotas, muchas en reservas de biosfera, donde guardaparques sin armas son intimidados o cooptados.
Agronegocio, crimen y política: una mezcla explosiva
La expansión de la coca no es el único problema: Campesinos organizados denuncian que grupos criminales y grandes empresas utilizan violencia para expandir cultivos de palma, ganadería o infraestructura clandestina.
ACLED documenta 76 ataques contra campesinos durante el mandato de Castro, casi el doble que en el periodo previo.
En el Bajo Aguán, la situación es dramática: La banda Los Cachos habría asesinado a 18 campesinos desde 2024, según organizaciones locales.
La violencia se mezcla con intereses políticos. El asesinato del defensor territorial Juan López, en 2024, evidenció esos vínculos: denunció nexos entre el alcalde de Tocoa y estructuras criminales… y terminó muerto.
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¿Es Honduras un país más seguro?
Honduras es hoy un país menos homicida, pero no necesariamente más seguro.
En las ciudades:
- Menos balaceras
- Menos extorsión visible
- Menos homicidios
En el campo:
- Más grupos criminales
- Más coca
- Más asesinatos de campesinos
- Más disputa territorial
- Más alianzas entre crimen, agronegocio y política
Y en ambos extremos, un mismo peligro latente: “La MS-13 puede provocar que mañana haya 30 muertos”, advirtió un exagente.
El reto para el próximo gobierno hondureño
El próximo presidente de Honduras recibirá un país con menos cadáveres en las calles, pero con un crimen organizado más diversificado, más silencioso y más incrustado en la economía rural y la política local.
La violencia visible disminuyó. La violencia estructural, no.
Ese es el verdadero desafío: desmontar un crimen organizado que no pelea por las calles… sino por el control del país.