Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25) destacan la importancia de respetar la fecha electoral, garantizar el voto libre y fortalecer la democracia.
A menos de 20 días de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, la organización Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25) presentó un informe preelectoral, con un llamado a garantizar que el proceso se desarrolle en condiciones de transparencia, legitimidad y confianza ciudadana.
El informe analizó la coyuntura política actual y destacó cinco dimensiones críticas que pueden afectar la integridad del proceso: la administración de los organismos electorales, la judicialización indebida del proceso, la violencia y coerción de actores con capacidad de presión, la limitación del espacio cívico y el riesgo de una crisis electoral similar a la de 2017.
Propuestas de observadores electorales de Honduras
A pesar de estos desafíos, OEH25 subrayó que Honduras tiene la oportunidad de celebrar elecciones confiables, siempre que se respeten estándares mínimos de integridad electoral, considerados como “líneas rojas innegociables”.
- Respeto irrestricto a la fecha electoral y a la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
- Garantía del voto libre y secreto, como base de la participación democrática.
- No interferencia en los órganos electorales, asegurando autonomía del CNE y el TJE, incluyendo la prohibición de cambios en su integración a menos de un mes de las elecciones.
- Resolución imparcial y expedita de todas las reclamaciones electorales conforme a la legislación vigente.
- Transparencia en cada etapa del proceso, desde la organización hasta la publicación de resultados verificables.
- Prevención de violencia, amenazas o criminalización contra actores políticos, sociales y funcionarios electorales, asegurando un entorno seguro y confiable para la participación.
El informe enfatizó que la responsabilidad de garantizar la legitimidad electoral recae no solo en los organismos electorales, sino en todo el sistema institucional, incluyendo partidos políticos, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y ciudadanía.
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OEH25 señaló que la defensa de los intereses de los partidos debe realizarse por vías legales e institucionales, evitando cualquier acción violenta o coercitiva.
“Si se cumplen estos estándares, Honduras podrá ejercer plenamente su derecho al voto, fortalecer la confianza en la democracia y celebrar elecciones legítimas que reflejen fielmente la voluntad popular”, concluye el informe.
Conflictividad previo a elecciones generales
OEH25 señaló que el proceso para las elecciones generales de Honduras se ha desarrollado en un entorno marcado por alta conflictividad política, debilitamiento institucional y creciente desconfianza ciudadana, con tensiones entre actores políticos y cuestionamientos a los órganos electorales.
A nivel institucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) han sido fuertemente criticados por conflictos internos y denuncias contra funcionarios por supuestas irregularidades.
En el caso del CNE, las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall fueron señaladas por el consejero Marlon Ochoa y su partido Libre por presuntamente retrasar la entrega de maletas electorales en algunos centros educativos de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
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Más recientemente, Ochoa denunció a López por supuestamente participar en un plan para manipular resultados electorales a nivel presidencial. El consejero presentó grabaciones al Ministerio Público que implicarían a López, al diputado Tomás Zambrano y a un militar activo en la supuesta manipulación.
Tanto la consejera como el diputado rechazaron las acusaciones y aseguraron que los audios fueron creados con ayuda de inteligencia artificial.
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Procesos contra magistrados del TJE
Por otro lado, el Ministerio Público promovió inicialmente un antejuicio contra los magistrados del TJE, Mario Flores y Miriam Barahona, por presunto prevaricato judicial, afirmando que en un fallo ordenaron la inscripción de los candidatos a diputados Jorge Cálix y Cristian Villalobos, por Olancho y Valle, respectivamente, pese a no tener quórum.
La solicitud fue declarada inadmisible por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ahora conocerá un requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía contra los magistrados Flores y Barahona.
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