La madre de la menor recibió un mensaje vía WhatsApp de una prima, quien notó “comportamientos extraños” del sospechoso con la niña.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), arrestaron a un hombre de 55 años acusado del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de seis años de edad, en Copán.
El detenido, un comerciante originario de San Pedro Sula y residente en La Entrada, Copán, fue arrestado mediante detención preventiva en cumplimiento de una orden judicial, ejecutada tras un allanamiento de morada en el barrio Las Brisas.
Según las investigaciones, el sospechoso es tío político de la víctima.
¿Cómo ocurrió el abuso contra la menor?
La investigación se activó el lunes 9 de noviembre, luego de que la madre de la menor recibiera un mensaje vía WhatsApp de una prima, quien notó “comportamientos extraños” del sospechoso con la niña.
La prima, al revisar el celular del detenido, encontró y envió a la madre fotografías que presuntamente involucraban a la menor.
Tras la denuncia, un equipo de la DPI coordinó de inmediato con el Ministerio Público, y la niña fue evaluada por un médico, quien dictaminó el abuso sexual.
La rápida acción policial permitió la ubicación y captura del hombre, a quien se le decomisó un celular marca Samsung como principal medio probatorio.
¿Qué pasará con el presunto abusador sexual?
El Ministerio Público solicitó el arresto inmediato del sospechoso por el presunto delito de violación agravada en concurso real. El imputado y la evidencia ya se encuentran a disposición de las autoridades para continuar el debido proceso judicial.
En Honduras, el delito de violación se sanciona con penas de prisión que oscilan entre nueve (9) y trece (13) años.
No obstante, en casos de violación agravada y cuando la víctima es una persona menor de 18 años, como este caso, las penas pueden incrementarse significativamente, superando incluso los 25 años de reclusión, como se ha dictaminado en condenas recientes por parte del Ministerio Público.
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